La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga al INE (Instituto Nacional Electoral) de oficio por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos públicos.
La indagatoria, anunciada el 23 de octubre de 2026, busca esclarecer si existieron anomalías en los procedimientos de contratación del organismo electoral, así como posibles vínculos entre proveedores y personas relacionadas con su estructura administrativa.
De acuerdo con reportes de medios de comunicación como El Economista, El Financiero y El País, los señalamientos incluyen posibles acuerdos entre empresas para obtener contratos, conflictos de interés y operaciones financieras que podrían dificultar la identificación del destino de los recursos públicos.
Sin embargo, la apertura de la investigación no significa que las irregularidades estén acreditadas ni que exista una responsabilidad penal determinada.
¿Por qué la ASF investiga al INE?
La ASF investiga al INE derivado de indicios sobre posibles irregularidades en las contrataciones del órgano electoral federal y de organismos electorales locales.
Entre las líneas de investigación se encuentran posibles anomalías en licitaciones y adjudicaciones, así como presuntos vínculos entre proveedores y personas relacionadas con funcionarios o exfuncionarios del organismo.
La revisión también busca esclarecer si existieron operaciones de triangulación de recursos o acuerdos entre empresas para influir en los procedimientos de contratación.
La ASF informó que la investigación comprende al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con las operaciones bajo sospecha.
¿Qué empresas están bajo señalamientos?
Entre las compañías mencionadas en los reportes periodísticos se encuentran Corporativo Zeg y Cajas Graf, relacionadas en esas publicaciones con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
También aparecen Formas Finas y Materiales, Seriplast, Diseño Reconstrucción y Comunicación, y Grupo Selati.
Las publicaciones periodísticas refieren presuntas relaciones entre estas empresas y personas vinculadas con contrataciones electorales. No obstante, será responsabilidad de las autoridades determinar si existieron irregularidades y qué participación tuvo cada involucrado.
Los reportes también mencionan a Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director de Administración del INE entre septiembre de 2025 y abril de 2026. Según El Economista, habría fungido como representante de Corporativo Zeg y Cajas Graf en contrataciones con el instituto y organismos electorales estatales.
En tanto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, ha sido objeto de cuestionamientos relacionados con los presuntos vínculos entre proveedores y personas de su entorno.
Hasta el momento, estos señalamientos no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad de la funcionaria.
¿Qué revisará la Auditoría Superior de la Federación?
La investigación de la ASF busca determinar si las contrataciones se realizaron conforme a la legislación aplicable y si los recursos públicos fueron utilizados correctamente.
Para ello, la fiscalización puede comprender la revisión de expedientes de contratación, licitaciones, adjudicaciones directas, contratos, cotizaciones, pagos y documentación que justifique la selección de proveedores.
También puede analizar las relaciones entre funcionarios y representantes de empresas, así como las transferencias financieras que pudieran estar relacionadas con las operaciones bajo investigación.
Otro aspecto relevante consiste en comprobar que los bienes y servicios contratados hayan sido entregados y que los pagos correspondan a las obligaciones establecidas en los contratos.
La ASF podrá determinar si existen observaciones y, según los hallazgos, promover las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.
Hasta el 24 de octubre de 2026, la información pública consultada no detallaba el monto total de los recursos sujetos a investigación ni el listado completo de los contratos incluidos en el expediente.
Reportan contrato de 197 millones de pesos
Entre los antecedentes mencionados en la cobertura periodística se encuentra una adjudicación directa por 197 millones de pesos en 2024 para la producción de mamparas y urnas electorales, reportada por Excélsior.
El medio también señaló la existencia de convenios por más de 60 millones de pesos con los mismos proveedores en entidades como Sonora y Chihuahua.
Estos montos corresponden a contrataciones reportadas por la prensa y no deben interpretarse como dinero desviado o como un daño al erario ya demostrado.
Para determinar si existió un perjuicio a las finanzas públicas, las autoridades deberán revisar los procedimientos, los pagos efectuados, los bienes entregados y las posibles irregularidades que se acrediten.
INE respalda la investigación de la ASF
El 24 de octubre, la Presidencia del INE manifestó su respaldo a la investigación de la Auditoría Superior de la Federación y expresó su disposición a colaborar con las autoridades fiscalizadoras.
De acuerdo con el posicionamiento difundido por el organismo, se remitieron antecedentes al Órgano Interno de Control y se anunció la habilitación de un micrositio para consultar información relacionada con contratos, proveedores, montos y documentación de las contrataciones.
La postura institucional sostiene que las operaciones deben revisarse con base en evidencia y respetando el debido proceso.
Los señalamientos también provocaron cuestionamientos políticos sobre la gestión de Guadalupe Taddei. No obstante, la investigación deberá establecer si existieron irregularidades administrativas o posibles responsabilidades individuales.




